El fallo de la Corte que permite aplicar el 2 x 1 en el cómputo de los años de prisión en los casos de delito de lesa humanidad implica que 750 militares y policías presos sin condena firme podrían obtener la libertad condicional. En un posteo en Facebook sumamente claro, el historiador Ezequiel Adamovsky explica por qué esto significa promover una política de impunidad desde el Estado. Escribe: «Se acabó el espacio para la candidez, real o fingida: luego de este fallo, nadie puede pretender que no está del lado que está.»
El fallo de la Corte Suprema que beneficia a genocidas significa, ahora sí, un cambio de marcha, una reversión en la política de Estado respecto del castigo de los delitos de lesa humanidad. Ya no es tan solo cuestión de declaraciones desagradables de funcionarios o quita de colaboración con los juicios. Esto significa promover, desde el Estado, una política de impunidad. Ni más ni menos.
Cuestiones a tener en cuenta para el debate público:
– El fallo es un mamarracho tal que ni siquiera lo pueden defender los constitucionalistas cercanos al PRO, como Daniel Sabsay. No sólo beneficia a genocidas, sino que les aplica una ley (la del 2×1) que fue derogada en 2001 y que no existía cuando se cometió el delito. Es un disparate jurídico. Con el mismo criterio podría beneficiarse a cualquier otro preso con cualquier otra ley que haya existido en el pasado. Lo que implica, en los hechos, que la sociedad queda privada de la posibilidad de actualizar sus leyes.
–La Nación, jubilosa, informa hoy que el fallo podría beneficiar a unos 750 militares procesados o condenados. Es decir, tiene efectos potenciales masivos y podría significar la impunidad completa.
-El argumento de la «división de poderes» no es serio: se trata de una política que viene siendo promovida desde hace meses por funcionarios del Ejecutivo y preparada por intervenciones públicas. El fallo salió dividido: 3 de los 5 miembros de la Corte votaron a favor. Fueron decisivos los votos de los 2 nuevos miembros que designó el presidente Mauricio Macri con aval del Senado. Y de Elena Highton de Nolasco, que negoció quedarse en la Corte a pesar del límite de edad que indica la Constitución Nacional.
-El argumento de la «igualdad ante la ley» es de un cinismo increíble.
Primero, porque el 2×1 fue derogado y no se viene aplicando a otros delitos.
Segundo, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, que nuestra sociedad (y el mundo) ha decidido distinguir de otros tipos de delitos por considerarlos gravísimos.
Tercero, porque el delito de desaparición de personas se sigue cometiendo en la actualidad, en tanto no aparezcan las personas (o se pruebe que están muertas). Es decir, se le están reduciendo las penas a personas que en este mismo momento están cometiendo un delito.
Cuarto, no hay «igualdad ante la ley» si el Estado garantizó la impunidad de los condenados durante 30 años, impidiendo que se los someta a juicio. Vivieron su vida en libertad 30 años, sin ser molestados, mientras cometían el delito de desaparición de personas. No fueron iguales ante la ley. Que ahora se pretenda esgrimir ese principio es una manera cínica de exigir impunidad, es decir, un privilegio legal.
Este es un buen momento para que volvamos sobre la discusión sobre los usos del republicanismo que marcó el camino a las elecciones de 2015. ¿Cómo es posible tomarse en serio las instituciones de un país, cuando los supuestos «republicanos» las violentan de este modo?
Es también buen momento para volver sobre el papel de los periodistas e intelectuales que en su momento ayudaron a bloquear la designación de Roberto Carlés en la Corte Suprema y luego elogiaron las de los dos ministros que eligió Macri.
Entre ellos hay supuestos «progresistas», incluso gente que nos pide que la consideremos «de izquierda». Lo mismo vale para las voces del campo intelectual que desde hace meses vienen preparando el terreno, opinando que se está juzgando con demasiado rigor o en juicios irregulares a los militares. Entre estos también hay quienes pasan por «progresistas».
Se acabó el espacio para la candidez, real o fingida: luego de este fallo, nadie puede pretender que no está del lado que está.
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