El miércoles 25 de febrero, la Lic. María Vardé presentó una esclarecedora charla participativa en la Sala Alberione de SOBICAIN San Pablo, titulada «Libertad Religiosa y Derechos Humanos en Argentina, hacia un trato justo y no estigmatizante de la diversidad religiosa».
Publicamos el video y un resumen del encuentro, que contó con la activa participación de una colorida representación de comunidades religiosas.
CHARLA DE LA LIC. MARÍA VARDÉ. Relacionó en su conferencia temas como la libertad religiosa, la defensa de los derechos humanos y la Ley de Trata en Argentina
En un mundo donde lo distinto suele ser catalogado rápidamente como peligroso, la criminalización de las minorías religiosas en Argentina no es una excepción, sino que ha pasado a convertirse en una tendencia alarmante.
Mientras gran parte de la academia prefiere el confort de estudiar movimientos antiguos o lejanos, existen voces que eligen el barro, la actualidad, con rigor científico. Es el caso de la Lic. María Vardé, antropóloga de la UBA y especialista en antropología jurídica, quien el pasado miércoles 25 de febrero presentó una conferencia magistral que desnudó cómo el Estado argentino ha construido una estructura de hostigamiento contra la diversidad de creencias.
El escenario fue la Sala Alberione de la librería San Pablo, una institución católica que prestó su auditorio para establecer un diálogo pluralista y diverso. Ante un público mayormente compuesto por referentes de diversas minorías religiosas, Vardé expuso su tesis sobre lo que denomina «la arquitectura de la sospecha», un artefacto judicial que etiqueta a las minorías como “criminales” por sus creencias. Esto permite el «desplazamiento probatorio»: ya no se buscan pruebas de delitos reales, sino que se invoca a teorías psicológicas desacreditadas por la ciencias sociales y de la salud para anular la voluntad y voz de las víctimas.
La Ley de Trata ¿herramienta de caza?
La tesis central de Vardé, desarrollada en una serie de artículos para Bitter Winter (cuyos links dejamos al pie), toma nota del uso de la Ley de Trata de Personas –a través de organismos como la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)– no para combatir delitos graves, sino como un instrumento de persecución contra grupos religiosos minoritarios, invocando formulaciones como “organización coercitiva”, “persuasión coercitiva” o “manipulación mental”.
(Estas agencias especializadas) han institucionalizado una versión de este relato que elude el escrutinio científico, pero conserva la misma lógica subyacente: que el consentimiento y las decisiones de una persona son irrelevantes porque su voluntad habría sido ‘anulada’ por un “líder carismático” o por una ‘secta’”.
Esta maniobra jurídica, afirmó Vardé, “ha habilitado al Estado a intervenir de manera intrusiva en estilos de vida privados, convivencias comunitarias y prácticas espirituales, reclasificándolos como explotación delictiva”.
La investigadora sostiene que el foco se ha desplazado: ya no se buscan evidencias reales de un delito, sino que se persiguen conceptos endebles basados en las teorías de Margaret Singer. Esta psicóloga, autoproclamada experta en “lavado de cerebro”, “control mental” o “persuasión coercitiva”, fue desacreditada por la propia Asociación Americana de Psicología (APA) en 1987, cuando el organismo rechazó su informe porque “carece del rigor científico y del enfoque crítico imparcial necesarios para el imprimátur de la APA”. Desde entonces, la teoría de “persuasión coercitiva” y/o “lavado de cerebro” no fue admitida en las cortes estadounidenses y Singer no volvió a declarar en esos tribunales como testigo experta.
A través de un análisis de casos actuales, Vardé desglosó los cuatro pilares de esta problemática:
1. El fantasma de la persuasión coercitiva: Este concepto pretende anular la voluntad de los creyentes ante la justicia, apartando la carga de la prueba y asumiendo que cualquier adscripción a una creencia es fruto de una manipulación.
2. Vulnerabilidad expandida: Las instituciones estatales suelen interpretar la devoción o el compromiso comunitario como una situación de vulnerabilidad extrema, lo que permite al Estado intervenir en la vida privada de los adultos bajo el pretexto de «protección».
3. La traducción criminal de vocaciones privadas: Actividades normales de una comunidad religiosa —como las ofrendas, el trabajo voluntario o la convivencia— son «traducidas» en expedientes judiciales como esquemas de trata de personas y explotación.
4. El tribunal popular: Antes de recibir condena firme, la difusión mediática de estos operativos funciona como un «castigo anticipado», dejando a estos grupos y sus integrantes inermes ante la opinión pública, destruyendo la reputación de “víctimas” que no se reconocen como tales pero que –según el aparato del Estado– “lo son aunque no se den cuenta”.
María Vardé utilizó cinco ejemplos para defender su tesis.
Caso Konstantin Rudnev: Este caso en curso, difundido como “la secta rusa de Bariloche”, es el colmo del desplazamiento probatorio. La fiscalía insiste en «rescatar» a E., una mujer que vino a la Argentina huyendo de la violencia en Rusia, pese a que ella niega bajo juramento conocer al imputado. El Estado ignora su voz alegando una manipulación invisible; para la justicia, ella es víctima de una «secta» aunque no sepa de su existencia.
Caso Cómo Vivir Por Fe: En esta comunidad cristiana, rama argentina del movimiento religioso australiano Jesus Christians, la deshumanización llegó al límite. Basándose en retórica antisectas y sin entrevistar jamás a la presunta víctima, una psicóloga diagnosticó «voluntad inhibida» en una mujer de 32 años. Ella ni siquiera fue sujeto de escucha. Tras el linchamiento mediático del grupo y meses de sometimiento a un proceso penal, en 2022 la jueza archivó todo por inexistencia de delito.
Caso Roberto Tagliabué: El pastor evangélico pasó más de tres años en prisión preventiva por ofrecer rehabilitación de adicciones y servicios religiosos en cárceles, actividades tildadas de «captación» por la PROTEX. Sin embargo, un juez federal lo absolvió al entender que el compromiso de los fieles no era esclavitud, sino ejercicio de su libertad. En su fallo, Falcone denunció la falta de pruebas y de objetividad por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF): funcionarios de la PROTEX construyeron un relato sin evidencias, basado en informes del Programa Nacional de Rescate (PNR) que calificaban a los miembros de la iglesia como “víctimas” sin siquiera verificar sus condiciones reales. Según el fallo, la «persuasión coercitiva» no puede usarse para invalidar las decisiones de personas adultas.
Caso Iglesia Tabernáculo Internacional (ITI Jerusalem): En 2022, a instancias de PROTEX, se allanó la comunidad ITI Jerusalem, una granja de la ITI en Concordia, Entre Ríos, y apresó a dos líderes bajo la acusación de trata de personas, trabajo forzado y «lavado de cerebro», impulsada por denuncias de la familia de una integrante. Los medios la tildaron de «secta del horror». En esta causa, la fiscalía sostuvo que la prueba de la “persuasión coercitiva” consistía en que las presuntas “víctimas” afirmaban que allí podían encontrar su salvación y hablaban bien de sus líderes religiosos. También alegaron que el lenguaje del grupo era “adoctrinado” porque sus miembros repetían la idea de “servir a Dios”. En el juicio, la acusación se desmoronó. En 2024, el tribunal absolvió a los imputados, declaró que PROTEX y el PNR habían incurrido en graves abusos al coaccionar a los fieles para que se identificaran como víctimas, cuestionó duramente el uso del término «secta» y recomendó usar el concepto «Nuevos Movimientos Religiosos» para evitar sesgos.
Caso Escuela de Yoga de Buenos Aires: En 2022, la PROTEX acusa al grupo de ser una red de trata basada en «persuasión coercitiva», alegando que un grupo de alumnas adultas y profesionales sufren una manipulación que anula su capacidad para elegir libremente su estilo de vida. El Estado ignora sus testimonios, tratándolas como «víctimas sin voz». En este caso, Vardé destacó una grave colisión técnica: mientras que el Cuerpo Médico Forense (CMF), máxima autoridad pericial de Argentina, determinó tras exámenes exhaustivos que las mujeres evaluadas gozaban de plena autonomía, salud mental y libertad de decisión, la PROTEX desestimó estos hallazgos. A través de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal, sin evaluar a estas mujeres, declaró que eran “capaces individualmente, pero no en grupo”. ¿Cómo puede ser alguien “incapaz de decidir” solo “por pertenecer”?
La conclusión del Cuerpo Médico Forense, en cambio, fue categórica: “las evaluadas eran autónomas, capaces y no presentaban signos de patología psicológica ni de sometimiento”. El informe de DATIP intentó establecer “lo que solo puede describirse como una ‘incapacidad metafísica”. Apoyándose en las teorías desacreditadas de Singer, DATIP sostuvo que, aunque las mujeres parecían capaces en las evaluaciones médicas estándar, padecían una “persuasión psicológica” más profunda e invisible, invalidando su propio testimonio de bienestar.
Para Vardé, esto es, ni más ni menos que reemplazar la ciencia por el prejuicio:
Aquí el desplazamiento es literal: los hallazgos científicos del CMF fueron desestimados a favor de un constructo teórico».
A los fines prácticos, hay una invención de un caso prostitución que las presuntas víctimas rechazan y “una estigmatización de la pertenencia a un grupo a través de la construcción de un relato delictivo y de una incapacidad mental que evita la evaluación de las pruebas”.
Estas caracterizaciones de la PROTEX y sus versiones tergiversadas, amplificadas por los medios, contribuyen a formatear un “sentido común” donde el perjuicio le gana a la información calificada y se anticipa al veredicto judicial.
Derechos Humanos: las minorías de fe, un desafío postergado
El encuentro no solo fue un espacio de actualización sino una propuesta de buenas prácticas. Vardé instó a las instituciones públicas a respetar el Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de la ONU de 1981 contra la intolerancia religiosa, a fin de promover un uso responsable del lenguaje en guías y manuales judiciales para evitar la estigmatización y favorecer la cooperación real entre el Estado y la diversidad de cultos.
La conferencia, que contó con el apoyo de organizaciones como SOBICAIN San Pablo, el Centro ALBA y la IAPD/UPF Argentina, concluyó que la libertad de conciencia no es un privilegio de las mayorías, sino un derecho fundamental que debe protegerse especialmente cuando las creencias resultan «diferentes» a los ojos del resto o basadas en prejuicios, tal el caso de los centros de rehabilitación de adictos o las granjas evangélicas.
En la Argentina de hoy, defender esa diversidad parece una tarea quijotesca, pero esencial para la salud de la democracia.
En un escenario global donde el hostigamiento y la discriminación por motivos de fe vienen ganando terreno, el encuentro funcionó como catarsis y «llamado de alerta» para el diálogo. Referentes de diversas comunidades y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en un desafío urgente: garantizar un trato igualitario en las instituciones y prevenir y denunciar los estigmas que hoy asfixian a las distintas vertientes religiosas.
En la Argentina actual, dejar de mirar con sospecha a quien cree en algo «distinto» parece cuesta arriba. Sin embargo, la jornada cerró con una hoja de ruta que busca hacerse oír en el Estado: tender puentes reales entre las comunidades y las ONG. El objetivo es que la libertad de culto deje de ser ese ideal «fácil de pisotear» en un expediente y se convierta, por fin, en un derecho blindado.
(*) María Vardé es Licenciada en Ciencias Antropológicas y doctoranda en Antropología (UBA). Integrante del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) y adscripta a la cátedra de Psicología General, Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Integrante de un proyecto UBACyT. Ex becaria doctoral CONICET. Trabaja en antropología jurídica y antropología de la religión, con foco en libertad de religión o creencias, relaciones entre Estado y diversidad religiosa, y análisis de discursos públicos e institucionales. Colaboradora de Bitter Winter, revista de libertad religiosa y derechos humanos.
Para seguir profundizando (enlaces externos):
Argentina y la arquitectura de la sospecha. 2. Vulnerabilidad expandida
Argentina y la arquitectura de la sospecha. 3. La traducción penal de lo cotidiano
Los cristianos de Jesús: El caso de la trata de personas en Argentina
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