Konstantin Rudnev, el maestro espiritual ruso, sigue preso en Rawson pese a que los forenses del Poder Judicial dictaminaron que no puede estarlo, y la mujer señalada como su víctima declaró que no lo es. En esta nota, el presidente del Consejo Estadounidense para la Justicia y la Resolución de Conflictos (ACJCR), Stephen E. Bronner, cuenta que este mes denunció ante la Procuración General al fiscal Fernando Arrigo por su posición inamovible ante la situación de un disidente ruso perseguido, una madre que rechaza ser víctima y un fiscal que apela una y otra vez.
Por Stephen Eric Bronner (*)
Un tribunal en la Patagonia puede parecer alejado de las crisis que nuestra organización suele afrontar. Sin embargo, durante más de un año, el sistema judicial federal argentino ha sido escenario de una disputa que atañe a la libertad religiosa, al alcance de la represión rusa y a los límites del celo fiscal, todo ello a costa de un hombre gravemente enfermo y de una joven madre que se niega a que le digan quién es.
El Consejo Estadounidense para la Justicia y la Resolución de Conflictos (ACJCR), que dirijo como Presidente y Director Ejecutivo, se creó para servir a los ciudadanos atrapados en una crisis. Desde nuestra oficina en Fort Lee, Nueva Jersey, reunimos a analistas, activistas, diplomáticos, científicos, académicos, periodistas y educadores que examinan escenarios y opciones, facilitan el avance de las negociaciones y actúan como un canal extraoficial cuando los intercambios oficiales son imposibles. Nuestros simposios, seminarios y podcasts congregan a los socios más inesperados en torno a temas complejos, y nuestra red de organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil en muchos países nos permite intervenir dondequiera que los derechos humanos estén amenazados.
El 13 de octubre de 2026, la ACJCR presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuración General de la Nación de Argentina contra Óscar Fernando Arrigo, fiscal jefe de la fiscalía federal en San Carlos de Bariloche y coordinador provisional del distrito General Roca. Quienes no lo conozcan, ni al hombre que su oficina ha procesado, merecen una breve reseña.
Konstantin Rudnev es un maestro espiritual y disidente ruso, fundador de la escuela espiritual Ashram Shambala. En Rusia, los grupos religiosos independientes suelen ser tachados de sectas, y sus líderes terminan en los tribunales acusados falsamente. Fue condenado, encarcelado y cumplió su condena íntegra. Posteriormente se trasladó a Argentina, donde en 2025 fue arrestado y acusado de trata de personas en virtud del artículo 145 bis del Código Penal argentino.
La presunta víctima de esa trata es Elena Makarova, una joven rusa que viajó a Argentina para dar a luz, como miles de mujeres rusas hacen cada año para que sus hijos puedan obtener la ciudadanía argentina. Ella rechazó el papel que se le asignó desde el principio. En una carta manuscrita de junio de 2025 dirigida al juez, escribió que nunca había sido víctima de Rudnev y solicitó ser eliminada de la lista de víctimas. En varios escritos presentados en septiembre de 2025, describió la presión para que aceptara esa etiqueta, las semanas de aislamiento con su recién nacido en un albergue federal y las dificultades para contactar a su abogado. Según sus presentaciones posteriores, la fiscalía recibió la carta, pero no la remitió al juez. Posteriormente, se abrió una causa penal contra su abogado después de que este defendiera su versión de los hechos.
Mientras tanto, Rudnev pasó largos meses en la prisión federal de alta seguridad de Rawson. En dos ocasiones, jueces argentinos dictaminaron que el arresto domiciliario con monitoreo electrónico sería suficiente para neutralizar cualquier riesgo procesal, primero en octubre de 2025 y nuevamente en abril de 2026. La fiscalía apeló en ambas ocasiones y obtuvo la revocación de los jueces de revisión en octubre de 2025 y de la Cámara Federal de Casación en junio de 2026. Entre medias, el Ministerio de Seguridad Nacional certificó que su domicilio en la provincia de Buenos Aires era apto para el monitoreo electrónico, y un tribunal autorizó su traslado a un hospital tras constatar que la unidad médica de la prisión no podía atenderlo.
Su salud, ya frágil, se deterioró drásticamente. Los informes médicos presentados en 2026 describen daños nerviosos graves en ambas manos, cardiopatía hipertensiva que aumenta el riesgo de ictus, estrechamiento del canal espinal que ha debilitado sus cuatro extremidades, un presunto ataque isquémico transitorio y tres intervenciones quirúrgicas entre mayo y septiembre. Tras el fallo del Tribunal de Casación, permaneció en su domicilio mientras se realizaban nuevas evaluaciones médicas, y la fiscalía continuó presionando para que regresara a prisión. El 8 de octubre de 2026, los peritos del Cuerpo Médico Forense del poder judicial federal, que lo habían examinado en su domicilio una semana antes, concluyeron que «no reúne las condiciones físicas para permanecer recluido en un establecimiento penitenciario».
El 8 de octubre de 2026, los peritos del Cuerpo Médico Forense del poder judicial federal concluyeron que (Rudnev) «no reúne las condiciones físicas para permanecer recluido en un establecimiento penitenciario».
Nuestro Consejo decidió actuar por razones que están en el centro de su misión. Un disidente religioso extranjero de un país con un historial bien documentado de persecución de religiones minoritarias, una mujer que insiste en que es libre y no ha sufrido daño alguno, y un acusado a quien los propios médicos del Estado declaran no apto para prisión tienen todos derecho a que se respete la imparcialidad de la justicia argentina. La mediación y el trabajo en situaciones de crisis demuestran que los conflictos se intensifican cuando una de las partes deja de escuchar, y este caso ilustra lo que sucede dentro de un sistema legal cuando esto ocurre.
Nuestro escrito deja las decisiones judiciales en manos de los jueces, quienes son los únicos responsables de ellas, y se centra en la conducta de la fiscalía, es decir, en sus mociones, sus argumentos y la importancia que otorgó a la información del expediente en cada etapa. Su cuestión central es si las reiteradas solicitudes de prisión preventiva se fundamentaron en una evaluación concreta de los riesgos o en una posición preestablecida que ninguna nueva prueba podría modificar. La Ley Orgánica del Ministerio Público de Argentina impone el deber de objetividad, y el Código Federal de Procedimiento Penal considera excepcional la prisión preventiva. Los mismos principios figuran en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela, y en la legislación argentina que garantiza a las personas presentadas como víctimas el derecho a ser oídas.
Los fiscales adjuntos, entre ellos Tomás Labal y Gustavo Révora, intervinieron en las audiencias, y todas las posturas provenían de la oficina que dirige Arrigo. Por lo tanto, solicitamos a las autoridades disciplinarias que determinen si Arrigo estableció, aprobó o toleró dicha línea en su calidad de jefe de la oficina y coordinador del distrito. Solicitamos que se revise la conducta del fiscal en función de sus deberes legales y que, de confirmarse los hechos, se inicie un procedimiento disciplinario contra Arrigo, se lo sancione como corresponda y se lo reemplace en el caso.
La resolución de conflictos comienza con una disciplina sencilla: la voluntad de escuchar lo que dice la otra parte. Elena Makarova ha ofrecido la misma versión durante más de un año, y los peritos forenses del Estado argentino ahora han confirmado lo que informaron los médicos de Rudnev.
Argentina forjó una orgullosa tradición de defensa de los derechos humanos en los años posteriores a la dictadura, gracias a personas que se negaron a aceptar que las instituciones dejaran de escuchar. Nuestra denuncia solicita a sus fiscales que honren esa tradición en Bariloche.
(*) Stephen Eric Bronner es Profesor Emérito Distinguido de la Junta de Gobernadores de Ciencia Política en la Universidad de Rutgers y Presidente y Director Ejecutivo del Consejo Estadounidense para la Justicia y la Resolución de Conflictos. Obtuvo su doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Preside los Expertos Científicos Sociales del Consejo Europeo para el Desarrollo de la Democracia, dirige las Iniciativas de Paz de Expertos Independientes y es Miembro Distinguido Afiliado del Centro para el Estudio del Genocidio y los Derechos Humanos. Ha recibido el Premio a la Trayectoria Charles E. McCoy del Caucus por una Nueva Ciencia Política (APSA) y el Premio MEPEACE por Contribuciones a la Paz. Sus numerosos libros, traducidos a varios idiomas, incluyen «Un rumor sobre los judíos: antisemitismo, conspiración y los “Protocolos de Sion”» (Oxford University Press), «Camus: retrato de un moralista» (University of Chicago Press), «Reclamando la Ilustración» (Columbia University Press) y «El intolerante: por qué persiste el prejuicio» (Yale University Press).
Este texto fue publicado originalmente en Bitter Winter
ENLACE EXTERNO: Agostinelli, Alejandro. Sectas, pánico moral y prensa: cómo construir un enemigo perfecto. Bitter Winter, 19/09/2026
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