El activista Pablo Salum enfrenta una encrucijada familiar y judicial: el viernes 12 de diciembre deberá comparecer ante el juzgado, no por la causa federal contra la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), sino por la querella por calumnias e injurias que le inició su propia madre, Graciela Alarcón.
¿Cómo se conecta este conflicto, donde la madre niega ser “víctima” y acusa a su hijo de difamación, con la causa que investiga a la EYBA por presunta trata de personas?
Por Alejandro Agostinelli *
“Sinceramente, muchas veces yo he deseado decir: qué bueno hubiera sido que a mi familia la maten. Que los maten a ellos en un accidente, que se hayan muerto de una forma natural o trágica, pero que se hayan muerto”. (Pablo Salum en su canal de Youtube Ley Anti Sectas, 08/05/2022)
Tras más de dos décadas de intensa exposición mediática, Pablo Gastón Salum (47), activista e influencer desde sus escandalosas declaraciones sobre la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), se consolidó como principal denunciante de la causa federal de 2021 que se tramita bajo el juez Ariel Lijo. Hoy, su propia madre, Carmen Graciela Alarcón –miembro de la EYBA–, lo enfrenta judicialmente por calumnias e injurias.
La controversia alrededor de la Escuela de Yoga comenzó en diciembre de 1993, cuando el padrastro de Valeria Llamas, una alumna de 24 años, denunció en el juzgado del Dr. Mariano Bergés que la EYBA era “una secta que le había lavado el cerebro”, habida cuenta de que ella había dejado a su novio y no asistía a las cenas familiares. Pero días antes, Valeria había denunciado a la pareja de su madre por maltratos y privación ilegítima de la libertad, ya que, dijo, “su familia le había tendido una celada” bajo la batuta de una psicóloga enrolada en un grupo católico antisectas, María Lourdes Molina, quien intentó “desprogramarla”. Al contrario, Valeria fortaleció sus lazos con la Escuela. Ella le dijo al juez que no era víctima y que abandonó su hogar para ponerse a resguardo de su padrastro.
“Liderar sectas”, cualquier cosa que esto signifique, no es un delito. Así, Bergés se basó en testimonios que remitían a la facilitación de la prostitución para invocar un antiguo artículo del Código Penal: “Corrupción de mayores”. En abril de 1994, el juez de instrucción declinó una invitación de la EYBA a presenciar sus actividades y desató el primer gran operativo: ordenó 26 allanamientos, 21 en inmuebles de alumnos, y libró la captura de cinco directivos. Entre los buscados figuraba el fundador, Juan Percowicz, y Carmen Graciela Alarcón, vocal de la EYBA, exesposa de Héctor Salum y madre de Pablo Gastón, Germán y Andrea Elisa.
Alarcón se presentó al juzgado estando muy enferma. Al cabo de dos semanas de detención, fue liberada por falta de mérito. Cuando la causa pasó a manos del Dr. Julio Corvalan de la Colina, Pablo Salum –quien había dejado la EYBA en 1991– declaró dos veces, ambas siendo menor de edad. En 1995, en su primera declaración, negó haberla pasado mal y alegó haber dejado de acompañar a su madre porque perdió interés; en la segunda, en 1996, asistió junto a familiares enfrentados a la Escuela con quienes ya había colaborado en acciones de “espionaje”. Más tarde dijo que su primer testimonio fue “influido por su madre”, aunque aquella vez impidió que ella estuviera con él. Salum dice “no saber” qué pasó con su declaración, pero el juez la descartó al ver al joven “muy condicionado por una situación de conflicto familiar” y declaró inocentes a todos los acusados en 2000.
Pablo nunca fue considerado víctima por la justicia. Su hermano German, que dejó la EYBA en 2013, declaró en 2022 que “él nunca respetó las decisiones de mi madre, mi hermana y yo. Nunca fuimos captados por nadie”. Andrea, su hermana mayor, sigue vinculada a la Escuela. “Cuando lo escucho haciéndose el ‘pobrecito’ pienso que debió haber sido actor o guionista. Se enamoró de sus mentiras porque le dieron fama y dinero. Y nos acusa de atrocidades: yo no fui abusada ni explotada sexualmente, ni de chica ni de grande. Pablo solo busca venganza”, dice Andrea, quien vive en EE.UU. Ahora su madre decidió salirle al cruce, “harta de sus insultos horrorosos”. Graciela se siente amenazada y acusa a su hijo de buscar su encarcelamiento.
El 12 de agosto de 2022, una redada policial abordó la sede de la EYBA en Villa Crespo, tanto el edificio, propiedad de particulares, como otros domicilios. Fueron allanadas 51 viviendas. La llamada “Operación Secta”, liderada por el juez federal Ariel Lijo, el fiscal Carlos Stornelli y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), acusó a los directivos de la EYBA “haber formado parte de una organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza espiritual, bajo la fachada de una escuela de yoga que habría operado al menos desde el año 2004”. Pero la EYBA fue fundada en 1983 por el contador Juan Percowicz. Y se llamaba escuela de yoga por su concepción filosófica, no por tratarse de un sistema de ejercicios físicos.
Lijo ordenó la captura de 27 acusados y calificó al azar a 7 mujeres adultas, miembros de la institución, como supuestas “víctimas de trata”. Ninguna de ellas fue “rescatada” ni hallada en situación de prostitución. El juicio no había empezado, pero el juzgado regaló titulares anzuelo –acusaciones no verificadas– que cebaron la condena mediática. Pocos medios tomaron nota del vuelco que dio el caso, cuando las supuestas víctimas fueron peritadas y el Cuerpo Médico Forense (dependiente de la Corte Suprema de Justicia) descartó toda hipótesis de coerción, manipulación y explotación.
El principal denunciante de esta nueva causa contra la EYBA es la misma persona cuyo testimonio el juez Corbalán había considerado dudoso en 2000, cuando sobreseyó a la cúpula de la EYBA. “Aquel juez no halló pruebas de persuasión coercitiva, ni señales de servidumbre psicológica, ni testimonios creíbles de abuso sexual. Reabrir lo que es sustancialmente el mismo caso después de más de veinte años no es justicia: es un bucle legal”, afirmó en The Journal of CESNUR (Center for Studies on New Religions), el abogado y sociólogo Massimo Introvigne, quien visitó a la Argentina en dos ocasiones para estudiar el caso.
En su presentación de 2021, Pablo Salum copió su declaración de 1996. Nombró entre los presuntos victimarios a personas fallecidas, relacionó falsamente al negocio de su hermano con la EYBA, a la que además acusó de almacenar “videos sexuales para extorsionar a personas del poder” que, revisados por la Policía, resultaron ser clases de filosofía y espectáculos de magia que eran parte de la colección del campeón mundial de magia escénica y miembro de la EYBA Carlos Barragán, encarcelado sin su medicación. Cuando fue sobreseído y la Cámara de Apelaciones ordenó su libertad, requirió una cirugía a corazón abierto.
Desde 2013, el director de la «Red LibreMentes» (que se presenta como ONG pero carece de personería jurídica) asesora a la PROTEX sobre grupos que él denomina “organizaciones coercitivas” bajo un “liderazgo carismático” capaces de generar “procesos de dependencia absoluta”. Estos clisés, hace décadas desacreditados por las ciencias sociales y de la salud mental, comenzaron a impregnar la narrativa de los fiscales argentinos. En su denuncia a la EYBA, Salum contactó a la PROTEX con cuatro ex empleadas domésticas que “vieron o escucharon cosas” e indicó el camino a seguir.
Para abordar estos casos, la Procuraduría aplica la Ley 26.842 de 2012 contra la trata de personas. Argentina no penaliza la prostitución, pero sí la conducta de quienes se benefician económicamente de la actividad sexual de otra persona. Según la académica Marisa S. Tarantino, esta ley es diferente a la aplicada en el resto del mundo: la violencia, la amenaza o el engaño no son esenciales del delito de trata, sino agravantes. En consecuencia, la trata puede ser tipificada penalmente aun en ausencia de coerción explícita. “Esta peculiaridad argentina, afirma Tarantino, se explica por la influencia del movimiento abolicionista de la prostitución, que lleva a sospechar que toda persona que ejerce la prostitución es una víctima de trata; y la presión de la PROTEX”. El acento que la ley pone en el concepto de “vulnerabilidad” crea un modelo de “victimización incapacitante”: si alguien afirma su libre albedrío, esto es interpretado como prueba de la efectividad de la victimización.
Así, el fiscal parte de la presunción de vulnerabilidad al definir a ciertos miembros de la EYBA como víctimas y justificar la criminalización de la organización. En muchos casos de trata –sigue Introvigne– “es cierto que las víctimas se niegan a declarar porque están aterrorizadas por el crimen organizado. Sin embargo, el caso de la EYBA parece totalmente distinto. No se trata de inmigrantes con miedo ni de mujeres marginadas, sino de profesionales cultas que tienen, o tenían antes del allanamiento, trabajos regulares y una vida social muy normal.”
EL GURÚ ANTISECTAS, A JUICIO
La noticia la dio el mismo acusado: “¡LA VÍCTIMA AL BANQUILLO! Buscan condenar a Pablo Salum. El Tribunal Oral N°13 de CABA iniciará el juicio donde se busca condenar a nuestro fundador por sus declaraciones públicas sobre la «Secta del Horror de Villa Crespo». Una paradoja inaceptable”, se lee en su sitio web, LeyAntisectas, a raíz de la citación al juzgado criminal y correccional federal al que ambas partes se presentarán el 12 de diciembre. “Nunca consideré iniciar acciones contra mi hijo, nunca quise que sufriera ni deseo que vaya preso, pero él está pidiendo mi encarcelamiento y el de sus dos hermanos y yo soy madre de los tres, creo que mis hijos mayores merecen que yo hable, exponer a Pablo y cuidarlos a ellos y a mi propia vida”, dice Graciela Alarcón. Esta no es la única denuncia que hizo contra su hijo: en septiembre de 2023 le inició otra por violencia familiar, que se resolvió a favor de la madre.
Sinceramente, muchas veces yo he deseado decir: qué bueno hubiera sido que a mi familia la maten. Que los maten a ellos en un accidente, que se hayan muerto de una forma natural o trágica, pero que se hayan muerto”, afirmó Pablo Salum en su canal de Youtube Ley Anti Sectas, el 8 de mayo de 2022.
Mientras el activista juraba que desconocía el actual paradero de su madre, Alarcón lo denunció por “llamados anónimos y timbrazos en el portero a toda hora”. Pero su mayor motivación para pedir medidas de protección, dijo, fue que Pablo la acusaba de liderar una organización criminal, tratante y pederasta. “Él usa mi nombre e imagen en campañas públicas vinculadas a su activismo antisectas y expresó en sus redes sociales sus deseos de muerte hacia mi familia, incitando al odio y a la violencia a sus seguidores y generando un riesgo para mi integridad física y psicológica”.
En aquella ocasión, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales convocó a ambas partes a someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas. Graciela asistió a las evaluaciones y Pablo no lo hizo. A resultas de lo cual, el juzgado de familia le asignó a ella un botón antipánico y le dictó a él una perimetral, que le impide acercarse.
Según el Dr. Yamil Castro Bianchi, abogado defensor de Alarcón, “el acusado es un denunciante serial que, cargando un linaje de falsas denuncias, elude con habilidad las citaciones judiciales. Llegar a juicio oral es un camino muy difícil, entre dilaciones y trabas. Así que estamos conformes: si no se presenta, lo mandan a buscar con un patrullero”, explicó. La escasa disposición a comparecer de Salum vuelve más cercana la condena, si bien las penas para estos delitos son multas o reparación, y no prisión. La pena puede consistir en “publicar la sentencia que recaiga en el diario de mayor difusión, en carilla impar y dentro del rango de las primeras cincuenta páginas”.
El 13 de agosto de 2023, un día después del operativo de Lijo, Salum gritó a viva voz: “el testigo de identidad reservada soy yo”. Tuiteó: “Un día me tenía que tocar a mí, más de 30 años de trabajo inagotable para llegar a este resultado, desbaratar completamente a la organización coercitiva secta pederasta, tratante y asesina que me arruinó la vida y tiene a mí familia.”
Su madre y sus hermanos han documentado que Pablo conocía sus domicilios. Pero su primer blog, en 2009, se llamó “Mi familia perdida en la Secta Escuela de Yoga de Bs As”. Hoy, su canal en Youtube Ley Anti Sectas tiene 190 mil suscriptores, sensibilizados por su drama. También impactaron sus performances en la TV. El 25 de noviembre de 2012, el programa La Cornisa (América) lo acompañó hasta la sede de la EYBA, donde pateó la puerta y clamó por su madre “y escracharla, así los vecinos saben”. “Eh, usted, ¿no sabe que aquí funciona una secta donde prostituían chicos, mujeres y esclavizaban gente?”, preguntó a un peatón que se detuvo ante el edificio.
Su retórica como cazador de presuntos farsantes, su tendencia a la autovictimización y su apuro por monetizar su canal en Youtube, le arrimó detractores.
Un tuitero que adoptó el avatar “Pablo Salum Real” viralizó un video interno donde el activista organizaba calendarios de acción, bombardeo de mails y tuits. “Agarramos todas nuestras redes y fastidiamos. Agarramos a todos los de Argentina y le damos matraca. Mi idea también es joder a influencers famosos”, dijo. “No sé. Yo tengo muchas dudas sobre cómo manejar estas situaciones”, repuso una integrante. “Con la (creación de) PROTEX eso se traspasó a un montón de sentencias a nuestro favor”, replicó Salum. “Cuando nosotros metamos en cana a un par de profesionales de la salud y le quitemos la matrícula, el resto de la comunidad va a decir: ‘Ah, mirá. Eso está bueno’. O sea, bajarle línea a los comunicadores y decirles: ‘Esto tenés que hacer’.”
¿DE VERAS SE FUGÓ DE UNA SECTA?
La historia de Pablo Salum estuvo marcada por la inestabilidad desde su niñez. Mientras vivía con su madre repitió sexto grado por sus inasistencias. Ella lo conminó: “Estudiás o trabajás”. Ofuscado por la presión, Pablo amagaba mudarse con su padre, Héctor. “No toleraba recibir ninguna orden, hacía lo que quería”, dice Graciela. Al cumplir 14 años, ella lo acusó de robarle dinero. Se lo reprochó y su reacción la aterrorizó: “Me embistió a patadas y puñetazos, intervino mi hija Andrea y yo me encerré en mi cuarto con llave. Llamé a mi hijo mayor, corrió para asistirme y le dio una paliza”. Ese día, el 12 de agosto de 1992, Pablo cumplió con su promesa, no sin antes asegurarle a su madre: “No te quiero volver a ver nunca más en la vida, si te acercás a mí, te mato”. Ya en la casa de su padre, en Temperley, la tensión escaló. Allí, Pablo informó maltratos de Héctor y de su nueva pareja. Su hermana menor alegaba ser molestada por Pablo. Terminó durmiendo sobre la mesa de pool en un local de videojuegos, propiedad de la esposa de Héctor. Cansado de las faltas de Pablo en la secundaria –se ausentó casi un año de clases–, Héctor decidió echarlo del local y lo denunció a la Policía de Lomas de Zamora. En octubre de 1995, fue preso. Graciela Alarcón fue a buscarlo con una abogada y pidió su custodia. A su padre no le pareció bien y propuso internarlo en un instituto de menores. Pablo prefirió volver con su madre. La convivencia duró siete meses.
Su vida nómade prosiguió: recaló en la casa de su hermano mayor, Germán, a quien, tras un nuevo entredicho, atacó con un cuchillo. Su anfitrión llamó a la Policía, que detuvo a Pablo por dos días. Según Graciela Alarcón, Pablo no escapó de ninguna secta, “era él quien no se hallaba en ninguna parte”. Todos aquellos episodios, continúa su madre, “fueron un problema familiar que no tuvieron nada que ver con la EYBA”. Su hermana Andrea redondea la misma idea: “El se escapó de su familia, no de la Escuela, de la que ni siquiera fue alumno”.
Frente al interrogante de si las resoluciones que se adopten tras este pleito familiar podrían trasladarse a la causa de la Escuela de Yoga, el Dr. Yamil Castro considera que “podría ser un elemento más, ya que la hipótesis de culpabilidad de la Escuela de Yoga de Buenos Aires y otras falsedades nacen de acá. Así que no lo descarto.”
Alarcón, firme defensora de la EYBA, es categórica: “Pablo es un hábil manipulador, no duda al momento de mentir o fantasear, lo hace con tal desparpajo y habilidad histriónica que logra conmover y convencer a quienes no conocen la verdadera historia; es sumamente inteligente y creativo, pero también está lleno de odio”.
LIJO AL BORDE DE LA RECUSACIÓN
Ariel Lijo colecciona calificativos poco edificantes. Si bien se le tilda de “el más lento” y “el más cuestionado”, el adjetivo más grave, por sus consecuencias, es: “el más influyente”. El juez arrastra causas demoradas por décadas, incluyendo 89 expedientes de corrupción (de los cuales solo 14 llegaron a juicio), manteniendo paralizados casos emblemáticos.
El proceso para llevar a juicio la causa contra la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA) se encuentra estancado, pese a los intentos de avanzar del juez Lijo y la fiscalía. La Cámara de Apelaciones decidió bloquear la elevación a juicio debido a un obstáculo crucial: el resultado de las pruebas psicológicas y psiquiátricas.
Estas pericias, realizadas por el Cuerpo Médico Forense a las supuestas víctimas, arrojaron conclusiones que desafían la acusación. Los especialistas descartaron la hipótesis de que las personas hayan sido sometidas a coerción, manipulación o explotación.
Así, la Cámara determinó que el juez Lijo no había valorado ni analizado esta prueba fundamental. Para que la causa pueda avanzar por el delito de trata de personas, el juez está obligado a rebatir o a incorporar evidencia sólida que contradiga el informe forense. Sin pruebas de coerción ni de “lavado de cerebros”, el expediente seguirá paralizado en la etapa de instrucción, impidiendo que el caso llegue a un tribunal oral. A lo largo del proceso, imputados y supuestas víctimas han aportado documentación que respalda la inocencia de la EYBA y cuestiona la acusación fiscal, “basada en transcripciones parciales y adulteradas de llamadas telefónicas y documentos no identificados”.
Lijo recibió otro golpe de gracia el 23 de septiembre pasado, cuando fue distinguido por la Red Alto al Tráfico y la Trata en el Senado de la Nación. Allí, el juez se refirió públicamente a la EYBA como “secta” y dio por probadas las imputaciones en una causa aún en trámite: “Nosotros tenemos un caso importante (…) conocido como la secta yoga, que es internacional, que tiene cantidad de propiedades, lavado, operaciones de lavado de dinero, falsos hospitales, la estructura de prostitución se llamaba botánico, ¿no? en referencia a que ‘está lleno de gatos’ el botánico… hasta se lo tomaban como en joda, con una gran cantidad de detenidos y víctimas muy enojadas con los tribunales”. La defensa invocó ese prejuzgamiento como causal de recusación, hoy en análisis de Casación.
El último giro de la causa es de novela.
Ningún ex miembro de la Escuela de Yoga se unió a la causa contra la EYBA desde que se hizo pública la denuncia de Salum, en 2022. Salvo un caso: después de más de 25 años de renegar de su condición de víctima de cualquier explotación sexual o económica, Valeria Llamas, la alumna que a los 24 años dijo haber logrado alejarse de una situación de violencia familiar, inició un reclamo por presuntos trabajos realizados para la EYBA, aliándose a su antiguo adversario y copiando su narrativa.
El conflicto que enfrenta Pablo Salum ilustra el riesgo de transformar una experiencia personal negativa en una causa donde todo grupo que le desagrada es calificado como “coercitivo” y “criminal”, y los periodistas o referentes que no son complacientes con su perspectiva, son parte de una conspiración en su contra. Cuando en agosto de 2022 le transmití al activista este riesgo, me acusó de “encubridor”, y pasó a pedir “el apoyo de todos”. Por toda respuesta recibí fue un aluvión de ataques de sus seguidores.
Sin cuestionar las intenciones, la pregunta de fondo que subsiste es si una lucha personal puede estar al servicio de una herramienta punitiva del Estado. Para saldar esta duda, intenté contactar al titular de la PROTEX, Marcelo Colombo. Al momento de cerrar esta nota, no hubo ninguna respuesta a mi requisitoria.
* Alejandro Agostinelli es periodista y editor de FactorElBlog.com. Su último libro es Argentina X. Un cronista a la caza de fantasmas, alienígenas y demonios (FCE, 2025).
ENLACES EXTERNOS
El grupo Cómo Vivir Por Fe / Jesus Christians se defiende de las acusaciones de Pablo Salum, que ya habían sido desestimadas por la justicia: el tribunal no solo absolvió a los miembros, sino que dictaminó que Salum había «entrenado» y manipulado al testigo principal de la causa. La acusación de supuesta donación coercitiva de órganos, crucial en la denuncia, había sido introducida por Salum y nunca se había tratado en la comunidad. Ver también Jesucristianos: la «secta» que no fue. Otro caso de persecución gubernamental de minorías religiosas en Argentina. Por Massimo Introvigne (CESNUR) y María Vardé (ICA-UBA)
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