Por Juan Pablo Csipka
A fines de los 80 y comienzos de los 90, hubo tres casos, cada uno separado por dos años entre sí, que se tipificarían hoy como feminicidios o femicidios: el asesinato de Alicia Muñiz a manos de Carlos Monzón; el crimen de María Soledad Morales en Catamarca; y el cuádruple homicidio de La Plata perpetrado por Ricardo Barreda. Antes y después hubo y hay infinidad de casos; algunos, con derivaciones espantosas, como prenderle fuego a la mujer.
Sin duda la inseguridad nos afecta a todos por igual, pero en la Argentina las mujeres están expuestas a mayores riesgos. El año pasado hubo 277 femicidios registrados, según el informe anual La Casa del Encuentro. Son 5 por semana, casi uno por día durante 2014. Y la locura no cesa: 2015 ofrece casos estremecedores y la desprotección es total, empezando por el rol calamitoso de los medios: allí es dónde está, si no, el caso de Melina Romero, estigmatizada después de muerta por su condición social.
Esta expresión define el asesinato de mujeres por razones de género y denuncia la naturalización social hacia la violencia sexista. La necesidad de esta definición no se sustrae la carga de impunidad detrás de estos crímenes: la inacción o desprotección estatal frente a la violencia contra la mujer.
Desde ya, no es un lamentable privilegio argentino. Ni, mucho menos, de este tiempo: la filósofa Hipatia de Alejandría, gran librepensadora del siglo V, fue descuartizada viva por un grupo de fanáticos.
La historia está repleta de casos semejantes. Y la Argentina, el país de Julieta Lanteri, de Alicia Moreau de Justo, de Eva Perón, de las Madres y Abuelas, está ofreciendo un panorama pavoroso, con tipos que matan a plena luz del día en un restaurante, o le tiran un fósforo encendido a la mujer, por no hablar del infierno de la trata de personas.
Hay quienes ponen peros y reparos. Pero, si no estás de acuerdo con la movilización del 3 de junio, me parece que alcanza con no opinar. Ese día nos veremos muchos en la Plaza del Congreso.
