Con cinco días de diferencia, la noticia del embarazo de dos nenas violadas desnuda la perversión política de dos gobernadores que miraron para otro lado cuando antepusieron anteojeras religiosas u oportunistas a decisiones que solo conciernen a la salud pública. Mientras tanto, los medios conservadores hablan de la «decisión» de proseguir con la gestación refiriéndose a la «voluntad» de niñas menores de edad que fueron violadas. La pregunta es ¿cón qué herramientas luchar para hacer de este mundo un lugar menos horrible?
El pasado 24 de mayo, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, debió derogar un decreto que había firmado hace seis años, donde establecía un plazo arbitrario e ilegal de 12 semanas para acceder al beneficio del aborto no punible por violación. Es normal, la noticia de que una nena de 10 años había sido violada y no podía abortar por disposición del señor gobernador había cobrado enorme trascendencia pública. Urtubey, un político con ambiciones presidenciales, no se podía dar el lujo de ser carajeado hasta en arameo. Claro, no era generosidad sino demagogia: la oleada de descrédito se hubiera vuelto insostenible. Aun así, Urtubey no estuvo a salvo del papelón cuando dijo que la interrupción del embarazo estaba “más allá de la voluntad” de una nena violada por el padrastro.
La periodista Mariana Carbajal en una gran cobertura del caso para Página/12, La inmensa minoría de Radio Con Vos y otros medios, recordó cómo ya en 2016, una niña wichí de 12 años había quedado embarazada en Salta tras sufrir una violación colectiva. Al sexto mes de gestación logró una inducción al parto solo porque era un feto anencefálico.
El gobernador salteño derogó el decreto que penalizaba el aborto que había impulsado él mismo para que la nena violada pudiera recibir atención médica para un aborto legal y adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación. Es impresionante cuán rapidito caminan los políticos oportunistas cuando las papas queman.
El contexto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se debate en la Cámara de Diputados, y cuya Ley se votará el 13 de junio, ayuda a la visibilización de nuevos casos.
El 29 de mayo, es decir, solo cinco días después de la noticia sobre el caso ocurrido en Salta, una docente se encargó de difundir otra noticia, esta vez en Mendoza, de otra nena violada que «decidió» (sic) continuar con el embarazo. La niña también había sido sometida por su padrastro, hoy preso, al igual que su madre.
El gobernador de la provincia de Mendoza Alfredo Díaz Cornejo, como hasta hace poco su par de Salta, no adhiere al protocolo de aborto no punible a víctimas de violencia sexual, para evitar poner en riesgo a la madre embarazada, en este caso por violación.
Díaz Cornejo nunca iría preso por la muerte de la niña durante el parto.
Mientras tanto, medios oficialistas como La Nación, defensores del Ser Nacional, Occidental y Cristiano, dicen que “fuentes judiciales” (anónimas, claro) insisten en que “la menor decidió (sic) continuar con la gestación”.
La menor… ¡tiene 11 años!
CÓMO LOGRAR QUE EL MUNDO SEA UN LUGAR MENOS HORRIBLE
Velozmente, pasamos a una noticia casi de entre casa, que es de la que en realidad queremos hablar. Hoy, lunes 28 de mayo, el periodista Juan Pablo Csipka posteó en su muro en Facebook:
«Donde dice “Mendoza: una nena de 11 años quedó embarazada de su padrastro y decidió seguir adelante con la gestación”, debe decir “Mendoza: una nena de 11 años fue abusada por su padrastro y la obligan a seguir adelante con la gestación”. Apenas un carácter más (107 contra 106) pero acorde con la verdad, no como lo que hizo La Nación«.
Tal vez el afilado comentario del periodista, u otros parecidos, llegaron a oídos del editor del diario, quien modificó levemente el título para aventar el papelón. Medios chicos que suelen «levantar» a La Nación, como FM El Litoral o La Voz de San Justo, mantuvieron esa fea idea de que una nena de 11 años «decidió» algo, en sincronía con el despiadado tuit del gobernador Urtubey cuando se refirió a «la voluntad» de la niña violada.
Pese a todo, Csipka dio un gran ejemplo sobre qué cosas podemos hacer para que el mundo sea un lugar menos horrible: decir lo que pensamos con fundamentos claros y en voz alta.
Una niña menor de edad víctima de un abuso (máxime cuando fue violada por una persona allegada a la familia) no está en posición de tomar ninguna decisión en libertad. En el caso salteño Carbajal entrevistó a testigos de cómo una asesora le hizo firmar a la madre un acta para que aceptara la continuación del embarazo de su hija, con la consecuencia obvia de dejarla sin alternativas.
Es evidente que en ninguna de esas familias hubo alguien en condiciones de pensar en el interés de las niñas, que debió ser poner fin al embarazo antes de que la gestación continuara, camino directo a un callejón sin salida: que tanto el aborto como el parto pongan en riesgo sus vidas.
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